• Lograr la irrestricta vigencia de la garantía constitucional del debido proceso, haciendo especial hincapié en la necesaria existencia de una auténtica imparcialidad funcional de los jueces que asegure real igualdad ante la ley de quienes litigan en cualquier fuero.
• Instaurar los mecanismos necesarios para lograr al fin una auténtica independencia personal de cada juez, no sólo política sino también respecto de todo prejuicio.
• Realizar definitivamente la idea de que la Justicia es un verdadero servicio del Estado, que debe ser brindado con transparencia, rapidez y eficiencia.
• Propender al logro de clara y definitiva unificación de jurisprudencia en los tribunales colegiados del país para evitar que un mismo exacto asunto sea resuelto de manera diferente por ellos, lo que implica asegurar la efectiva igualdad ante la ley para todas las personas.

• Generar nuevo régimen de concursos transparentes para ingresos y ascensos en el Poder Judicial en los que exista real igualdad de oportunidades y en los que, además de exigirse mérito jurídico específico para el cargo respectivo y moral intachable como criterios esenciales, se contemple una adecuada solvencia en ejercicio de la correspondiente gestión judicial (proveimiento en general, toma de audiencias, regulación de honorarios, etc.).
• Propender a la aceptación de la diversidad de género en la cobertura de los cargos judiciales vacantes.

• Asegurar su auténtica y definitiva independencia funcional, para que se convierta por fin en el verdadero y último garante de los derechos de las personas de a pie.
• Velar constantemente por la pronta y expedita provisión de las vacantes en los diversos estamentos.
• Propender a una capacitación continua de todos sus integrantes en las materias atinentes a sus respectivos ámbitos de actuación y, especialmente, respecto de tareas propias de la gestión judicial diaria.
• Organizar, instalar y mantener adecuada capacitación continua para los estamentos inferiores.
• Propiciar las reformas procedimentales que fueren menester para lograr un proceso seguro, ágil y adecuado en plenitud a las pautas constitucionales.

El objetivo de este proyecto es trabajar en la construcción sólida de un Estado de Derecho republicano en el que se respete la Constitución y en el que el Poder Judicial funcione con la verdadera independencia imprescindible para concretar la máxima tarea a su cargo: ser garante de todos los derechos fundamentales de los argentinos.